El retorno: más que el final del desplazamiento

El retorno: más que el final del desplazamiento

Familia Retornada en El Pajui, San Francisco-Antioquía. 2019. Architecture of return: In post-conflict. Colombia, Jaramillo Quintero Alejandro, 2019.

 

El rápido aumento en las cifras de migración y desplazamientos forzosos obliga cada vez más a cientos de países y ciudades a enfocar sus esfuerzos en reaccionar ante los retos emergentes y en aliviar las necesidades básicas de los y las desplazadas, limitando el uso de recursos para la planeación y el desarrollo de estrategias que respondan a las necesidades de estos grupos a mediano y largo plazo. Estudiar los retos de procesos de retorno y las consecuencias del desplazamiento en territorios rurales, en países como Colombia, Ruanda y Bosnia y Herzegovina, pueden ayudar a desarrollar estrategias innovadoras que ayuden no sólo a superar la situación de desplazamiento, sino que garanticen que tanto las personas retornadas como las reubicadas, puedan gozar de una vida estable y digna, y que además de superar las adversidades de la migración, logren desarrollar un nuevo proyecto de vida.

De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (IOM), actualmente hay más de 281 millones de migrantes internacionales y más de 117 millones de personas viviendo en desplazamiento debido a conflictos armados, violencia, persecución y violación de derechos humanos (McAuliffe & Adhiambo Oucho, 2024). Sólo en 2024, se han registrado más de cuatro millones de nuevos desplazamientos debido a los conflictos en Sudán, Ucrania, República Democrática del Congo, Myanmar, Somalia, Afganistán y Gaza, afectando a más de 100 países que acogen refugiados, reciben solicitudes de asilo o gestionan desplazamientos internos (UNHCR, 2023). Además, el Instituto de Investigación de Paz de Oslo (PRIO) reportó el número más alto de conflictos a nivel global desde la Guerra Fría, afectando a más de 34 países y estimando que más de 70 millones de personas están en situación de desplazamiento interno. En este contexto global, los procesos de retorno han adquirido mayor importancia y se han establecido como soluciones más viables y duraderas a la crisis humanitaria generada por el desplazamiento forzoso. Por ejemplo, se estima que en 2023 más de seis millones de desplazados y desplazadas retornaron a sus lugares de origen, y que más de 40 países continúan facilitado activamente estos procesos (UNHCR, 2024).

A pesar de que Colombia, Ruanda, y Bosnia y Herzegovina se encuentran en continentes distintos y tienen contextos históricos y culturales diferentes, comparten múltiples realidades que son claves para entender los procesos de retorno y los retos de estos en los territorios rurales. La primera, que en las últimas décadas han experimentado (o continúan viviendo) conflictos y violencia, fenómenos que causaron el desplazamiento interno de millones de personas. Segundo, que estos desplazamientos internos ocurrieron principalmente desde las zonas rurales hacia las principales ciudades, en donde se reubicaron la mayoría de las personas desplazadas. Tercero, estas zonas rurales fueron prácticamente abandonadas, lo que favoreció su drástico deterioro y la destrucción de su infraestructura, viviendas, y tejidos sociales. Por último, que, en estos tres países, se han impulsado activamente los procesos de retorno como una posible solución duradera a los retos presentados por el desplazamiento.

 

Hoy en día y debido a un conflicto interno de más de 60 años, Colombia sigue siendo uno de los países con las cifras más altas de desplazamiento interno del mundo, con más de 8.5 millones de víctimas registradas desde 1985, de las cuales 4.7 millones siguen en situación de desplazamiento interno. En este país, la mayoría de las personas desplazadas llegaron a ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Cartagena, donde se vieron obligadas a permanecer por décadas debido al prolongado conflicto. En Bosnia y Herzegovina, la guerra forzó el desplazamiento de 2.2 millones de personas, con la mayoría dirigiéndose a Sarajevo, ciudad que posteriormente fue sitiada y destruida, obligando a muchos a huir del país. Por otro lado, en Ruanda, el genocidio obligó a aproximadamente 2 millones de personas a abandonar sus territorios, desplazándose hacia Kigali y los países vecinos en busca de seguridad. Estos desplazamientos masivos incrementaron los asentamientos informales en las principales ciudades de estos países, fomentando una urbanización rápida no planificada que deterioró y destruyó zonas verdes y protegidas, y aumentó la brecha de pobreza y desigualdad en contextos urbanos. Retos, que cada vez tienen más valor y presencia en la práctica de la arquitectura, y el  diseño urbano, que buscan desarrollar ciudades más sostenibles e incluyentes.

 

Generalmente, las discusiones sobre migración y/o desplazamiento forzoso, suelen girar alrededor de los desafíos que enfrentan las ciudades de acogida y de tránsito, y rara vez se discuten las dificultades y retos que enfrentan los lugares de origen, que en el caso de estos tres países son -en su mayoría- territorios rurales. Por ejemplo, en Colombia, las zonas rurales fueron afectadas por violencia durante décadas y no lograron desarrollarse a la par de las ciudades, lo que ha limitado las oportunidades de trabajo, aumentado los niveles de pobreza e inequidad, y precarizado el acceso a servicios básicos e infraestructura. En Bosnia y Herzegovina, la despoblación del campo y la falta de inversión rural han sido tan severas que las rutas de producción, comercio y transporte de productos agrícolas se han visto muy afectadas, poniendo en riesgo la viabilidad económica y social, perpetuando así un estancamiento económico en esas regiones. También, en Ruanda, la falta de presencia y gestión en esos territorios fomentó la degradación de ecosistemas importantes y la pérdida de biodiversidad. La constante competencia interna por la propiedad de la tierra continúa fomentando la parcelación y afectando la sostenibilidad agrícola y el desarrollo rural.

Es en estos territorios rurales donde se han promovido los procesos de retorno se han originado nuevos retos. Por ejemplo, en Colombia las comunidades regresan a territorios donde el acceso a servicios e infraestructura es todavía precario, y la continua presencia de grupos armados ha obstaculizado los procesos de restitución de tierras. En Ruanda, aunque el gobierno ha implementado políticas de reasentamiento, la competencia por la tierra, la falta de recursos e infraestructura han dificultado la reintegración de las personas retornadas, mientras que, en Bosnia y Herzegovina, el retorno se ha visto obstaculizado por la fragmentación política y étnica, así como por la destrucción masiva de viviendas y servicios básicos que tuvo lugar durante la guerra. Estos retos demuestran que, para que el retorno sea verdaderamente efectivo, es necesario abordar de manera integral sus problemas estructurales, para poder proporcionar un apoyo continuo a las comunidades retornadas, y que sus retos y oportunidades deben ser incorporarlos en las estrategias de planificación territorial para evitar crear nuevas emergencias a largo plazo.

 

Colombia es un caso de estudio especial, pues a pesar de enfrentar un conflicto armado durante más de 60 años, sus principales ciudades, y el país en general, nunca dejaron de desarrollarse. Ciudades como Medellín, que en los años 90 fue considerada la ciudad más peligrosa del mundo, hoy en día es una de las ciudades más apetecibles para vivir y Cartagena además de ser la ciudad más desigual de Colombia, se convirtió en uno de los destinos turísticos más importantes del planeta. Sin embargo, las zonas rurales, donde se concentró el conflicto, no lograron desarrollarse a la par, lo que incrementó la inequidad, y llevó a Colombia a convertirse en uno de los países más desiguales del mundo (Álvarez et al., 2024). Esto se puede observar en la infraestructura educativa y de salud rural, que además de ser mínima, se ha precarizado debido al abandono y a el paso del conflicto.

Pero no sólo el desarrollo de la infraestructura es un desafío en estos contextos, sino los procesos para acceder a viviendas dignas y adecuadas. En Colombia, las personas retornadas deben decidir entre utilizar sus escasos recursos para reconstruir o mejorar sus viviendas, o reactivar proyectos productivos que les proporcionen seguridad alimenticia y económica. La mayoría regresan y encuentran que sus casas ya no existen, ya sea porque se han destruido con el tiempo o porque fueron arrasadas durante el conflicto. Así, el primer reto al regresar es encontrar un espacio donde puedan alojarse -y a diferencia del desplazamiento- esta vez no cuentan con en el apoyo y acompañamiento de instituciones y organizaciones. Es por esto, que muchas de las personas suelen ser recibidas por familiares o conocidos mientras reconstruyen sus viviendas, o suelen llegar a casas abandonadas, las cuales son prestadas por las mismas comunidades. Sin embargo, la mayoría se ven obligados a utilizar lo poco que tienen para construir refugios improvisados que los puedan proteger de la intemperie (Jaramillo Quintero, 2019).

 

 

En Colombia, aunque existen programas para mejorar viviendas y desarrollar proyectos de construcción de casas nuevas, estos no suelen estar diseñados en el marco del conflicto ni adaptados a las necesidades específicas de los retornados. En muchos territorios, estos programas pueden tardar años en implementarse, obligando a la población retornada a vivir en condiciones precarias durante largos periodos de tiempo. Esto se debe, en parte, a la precariedad de las vías de acceso, lo que hace que el transporte de materiales de construcción sea extremadamente costoso y complicado, a veces superando el valor de los propios materiales. Esta dificultad logística no solo encarece y complica la construcción de viviendas, sino que también dificulta el acceso a servicios básicos como alcantarillado, electricidad, seguridad alimenticia y recolección de basuras, en otro otros.

 

Los desafíos mencionados anteriormente, presentan retos importantes para las instituciones y organizaciones que trabajan en estos contextos, sobre todo porque los retornos no suelen registrase de la manera sistemática cómo se hace con los desplazamientos, ya que las personas retornadas prefieren no comunicar que han regresado, debido la incertidumbre sobre la situación de seguridad y el miedo a la posible presencia de grupos armados. También, porque la crisis humanitaria de desplazamiento y la violencia no han concluido en el país, lo que ha forzado a las instituciones y organizaciones a enfocarse más en atender y aliviar la crisis del desplazamiento interno, que en apoyar a comunidades que buscan regresar a sus territorios y prevenir que esos procesos se conviertan en nuevas emergencias a largo plazo.

En conclusión, y sin cerrar la discusión, los procesos de retorno son complejos y traen consigo nuevos retos y dificultades. Sin embargo, seguir estudiándolos en países como Colombia, Ruanda y Bosnia y Herzegovina puede ayudar a instituciones y organizaciones a desarrollar estrategias innovadoras que no solo ayuden a superar las adversidades del desplazamiento y la migración, sino que también garanticen que las futuras personas retornadas y reubicadas puedan disfrutar de una vida estable y digna, desarrollando nuevos proyectos de vida.

Es dentro del desarrollo de estas estrategias, hoy más que nunca, donde los arquitectos y diseñadores urbanos debemos cuestionar nuestro rol y redefinir nuestra participación en contextos de emergencias humanitarias y la crisis global migratoria. A través del diseño de proyectos, podemos fomentar la transformación de territorios rurales en futuros centros urbanos, asegurando que sean sostenibles económica, social y ecológicamente, y que puedan fortalecer las economías locales para garantizar la seguridad social y la estabilidad económica en estos contextos. También, es crucial desarrollar nuevos modelos de vivienda que se ajusten, tanto técnica como culturalmente, a las necesidades de las poblaciones migrantes y retornadas, pero sobretodo es fundamental diseñar políticas públicas que integren los procesos de retorno y reubicación en la planificación de territorios y municipios rurales, que fortalezcan el acceso a servicios básicos, reconstruyan infraestructuras, y promuevan formas de urbanización más sostenibles e inclusivas.